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> ACTUALIDAD REGIONAL
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Pueblos indígenas asumen manejo del territorio ancestral indígena, convertido en Reserva Comunal Amarakaeri
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El establecimiento oficial de la Reserva Comunal Amarakaeri, RCA, territorio ancestral indígena, ha sido una de las grandes conquistas de FENAMAD. No obstante, las acciones de la organización y sus bases no se han limitado a lograr su creación, sino también a asumir su manejo y administración.
Efectivamente, en el año 1998, en forma paralela a las gestiones para el establecimiento de la Reserva, se constituyó como iniciativa indígena, el “Comité Pro-Reconocimiento y Gestión de la RCA”. Una vez establecida la Reserva, en el marco de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la participación, liderazgo, administración y gestión fue asumida por las comunidades indígenas impulsoras y beneficiarias, que pasaron a conformar el organismo denominado “Ejecutor de Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri”, ECA-RCA.
El proceso de constitución y puesta en funcionamiento del ECA ha contado con el importante apoyo del proyecto “Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en la Reserva Comunal Amarakaeri y Tierras Indígenas Aledañas”, conducido por FENAMAD. Este esfuerzo refleja el compromiso asumido por la organización hacia las comunidades que promovieron la creación de la Reserva, la defensa de la territorialidad indígena y su apuesta por el manejo sostenible de los recursos naturales en beneficio de la población actual y de las futuras generaciones. |
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Hacia la consolidación el manejo de la Reserva Comunal Amarakaeri
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A lo largo de tres años, FENAMAD ha implementado el proyecto “Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en la Reserva Comunal Amarakaeri y Tierras Indígenas Aledañas”, el cual ha permitido constituir y poner en funcionamiento al organismo Ejecutor del Contrato de Administración (ECA) de la Reserva, responsable de su manejo y administración. El ECA cuenta con estatutos aprobados, junta directiva constituida, inscripción en Registros Públicos, reconocimiento del INRENA y, finalmente, la suscripción del contrato de administración de la RCA con el INRENA. Actualmente cuenta con su Plan Maestro, estando pendiente únicamente la validación y aprobación del Plan de Monitoreo, por el INRENA. Se han implementado puestos de vigilancia de la Reserva en los sectores de Boca Isiriwe y Setapo, con su respectivo personal de guardaparques.
Los Directores Nacionales del Proyecto (Directivos de FENAMAD), el personal técnico, las propias comunidades y la entidad financiera GEF/PNUD, quedan satisfechos por la tarea cumplida y concluyen alentados de que las acciones iniciadas, que son parte de un proceso, tienen asegurada su continuidad en el tiempo y espacio, sobre todo respaldado por las comunidades indígenas beneficiarias y el INRENA, así como de las autoridades locales, regionales y nacionales, que han participado en esta iniciativa replicable. |
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Conflicto con sector minero: Derechos fundamentales & poder económico
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Desde hace más de 20 años, las comunidades indígenas de Madre de Dios y FENAMAD, vienen demandando al Estado el respeto de sus derechos territoriales frente a la superposición de concesiones mineras. La política minera estatal y la actividad propiamente dicha, no solo cercenan el territorio indígena sino que, además, al ser altamente destructiva, genera gravísimos impactos socio ambientales.
Las presiones ejercidas por FENAMAD desde su fundación han dado importantes resultados, como la disminución del número de mineros foráneos en comunidades, así como la gestión para la obtención de concesiones mineras por las propias comunidades. Otro logro, aunque temporal, fue la emisión del Decreto Supremo Nº 018-2001-EM, que dispuso la suspensión de la presentación de nuevos petitorios mineros en territorios indígenas, con el fin de plantearan propuestas concretas que den solución definitiva al problema. Esta medida se ha prolongado hasta la actualidad a través de la emisión de diferentes dispositivos legales. Sin embargo, a pesar que se establecieron comisiones para elaborar propuestas normativas que planteen la solución definitiva al problema, estas comisiones solo han servido para respaldar la posición de los mineros invasores.
En la actualidad, más del 90% del territorio de las comunidades indígenas de la zona minera se encuentra afectada por la superposición de derechos mineros, situación que viene provocando graves enfrentamientos entre mineros e indígenas, como el ocurrido el día 10 de septiembre del presente año, en la Comunidad Nativa de Barranco Chico. Este enfrentamiento ha dejado como saldo la muerte de un obrero empleado por un minero invasor. Los enfrentamientos se producen hasta con armas de fuego, lo que origina denuncias policiales y procesos judiciales por delitos de “Usurpación y Robo” en contra de la población indígena que, paradójicamente, es la afectada por las invasiones y las que deben afrontar las consecuencias de la destrucción de sus territorios y recursos. Por esta razón, hemos demandado al gobierno que dicte una norma que otorgue derecho preferente a los indígenas, para acceder a un derecho minero y realizar la actividad minera dentro de su propio territorio, con lo que se evitaría mayores desgracias.
Esta demanda debe atenderse a la mayor brevedad posible, de lo contrario, al levantarse la suspensión de presentación de petitorios mineros y al quedar los territorios indígenas como zonas para libre denunciabilidad, se dará inicio a un conflicto social, sin imaginarnos las consecuencias, pero seguros de que el indígena defenderá su territorio hasta con la muerte. El único responsable de lo que ocurra en este contexto será el Estado. |
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Carretera interoceánica, migraciones masivas y problemas territoriales
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La construcción de la Carretera Interoceánica representa una gran preocupación para las comunidades indígenas y FENAMAD, ante las masivas e incontrolables migraciones que está fomentando y la consecuente presión de esta población sobre los territorios y recursos naturales de las comunidades indígenas.
Contrariamente a lo dispuesto por la Ley, para la ejecución de la obra no se han efectuado Estudios de Impacto Socio Ambiental y tampoco se ha realizado un ordenamiento territorial previo. Tampoco se han saneado legalmente los territorios de los pueblos indígenas, vislumbrándose una situación de conflicto y caos si no se toman las medidas necesarias.
El gobierno peruano no ha tomado en cuenta las demandas y propuestas de las diferentes organizaciones sociales de Madre de Dios y no ha establecido, hasta ahora, una política adecuada para otorgar seguridad territorial y garantizar el respeto de los derechos agrarios, los territorios de las comunidades nativas, las Áreas Naturales Protegidas, etc.
En la región Madre de Dios existen 31 Comunidades Nativas, de las cuales 25 están tituladas. De estas, solo cinco se encuentran georreferenciadas (demarcadas con colocación de hitos y utilizando instrumentos de alta precisión como GPS diferenciales). Al estar pendiente la georreferenciación de la mayor parte de las comunidades indígenas y, consecuentemente, su inscripción en los registros públicos, se puede afirmar que aún no se ha culminado el proceso de saneamiento físico legal, que es lo que permite dar seguridad jurídica a los territorios comunales. En este sentido, se ha solicitado al gobierno que, a través del Programa de Gestión Ambiental de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur, se ejecute y concluya esta tarea pendiente, durante el año 2008. |
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Proyecto de carretera amenaza la integridad de la Reserva Comunal Amarakaeri
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La Reserva Comunal Amarakaeri es territorio ancestral de los pueblos indígenas Harakmbut, Yine y Matsiguenka. Además de su importancia cultural e histórica para los pueblos indígenas de la región, es lugar de nacimiento de un sinnúmero de ríos y quebradas que vierten sus aguas en el río Madre de Dios, abasteciendo así de este importante recurso a la población. Las buenas condiciones de la biodiversidad existente, gracias a los cuidados mantenidos por la población indígena circundante durante cientos de años, ha permitido que la Reserva se haya convertido en lugar estratégico para el desarrollo del ecoturismo, actividad conducida por las propias comunidades indígenas organizadas.
Aun a pesar de todos estos valores contenidos en la Reserva Comunal Amarakaeri, lograr su establecimiento oficial llevó a FENAMAD y a las comunidades indígenas de Madre de Dios, más de quince años de gestiones, presiones e incluso movilizaciones masivas de la población indígena hacia Puerto Maldonado. Contrariamente a todo el esfuerzo desplegado para proteger la integridad de esa zona, de importancia ecológica para toda la región, en la actualidad, mineros y madereros con alto poder económico, en complicidad con algunas autoridades locales, vienen promoviendo la construcción de una carretera que la atravesaría, desde su extremo suroriental hasta el extremo nor-occidental, bajo la justificación de buscar “la integración el distrito (Madre de Dios) con la capital de provincia (Fitzcarrald)”.
Las comunidades indígenas y FENAMAD, por su parte, no se oponen a la construcción de una carretera que integre pueblos, pero jamás estaremos de acuerdo con que éste o cualquier otro proyecto de carretera penetre la Reserva Comunal Amarakaeri. La propuesta que plantea el sector indígena es el de la construcción de una carretera no solo fuera, sino también alejada de la Reserva, desde Itahuanía hasta el distrito de Madre de Dios, atravesando las comunidades indígenas de Diamante, Puerto Azul y Boca Ishiriwe. Esta propuesta si integraría pueblos, como dice pretender el sector extractivo.
De otro lado, es lamentable que los alcaldes del distrito de Huepetue, Madre de Dios y el Alcalde Provincial del Manu, en sus discursos, permanentemente se opongan a la RCA, sin considerar su importancia ni tomar en cuenta (o informarse) sobre los beneficios que ésta tiene para la población y la región en general. Peor aun, respondiendo a su codicia sobre los recursos forestales y mineros, plantean la propuesta de recortar el área por el sector que debe ser de protección estricta, es decir las nacientes de los ríos. Da la impresión que el apocalíptico paisaje de Huepetue, causado por la actividad minera, no ha sido suficiente para aprender la lección. |
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Pueblos en aislamiento voluntario de Madre de Dios: Ante la inacción del estado peruano están las instancias internacionales de defensa de los derechos humanos
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Los pueblos indígenas tenemos el deber de respetar la decisión de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de aislarse de la sociedad envolvente y también de protegerlos. Actualmente sus territorios se encuentran invadidos por madereros ilegales, situación que viene generando enfrentamientos, desplazamientos y muertes. Sabemos cuántos madereros mueren en estos enfrentamientos pero no sabemos cuántos hermanos indígenas aislados pierden la vida. Asimismo, el gobierno peruano, mostrando su desinterés por la vida y derechos de los pueblos en aislamiento, ha otorgado una licencia de operaciones en el lote 113, superpuesto en un 80%, aproximadamente, a la Reserva Territorial creada oficialmente a favor de estos pueblos. El contrato de explotación y explotación de hidrocarburos, firmado con la empresa china SAPET, tiene una vigencia de 40 años. De la misma manera, el gobierno ha puesto en concurso del lote 133, que igualmente afecta la parte sur de la Reserva mencionada.
Como si fuera poco, ahora el gobierno central, por presiones políticas de autoridades del Gobierno Regional de Ucayali y de Madre de Dios, que responden a intereses de los poderes económicos locales, pretenden que se construya una carretera desde la localidad de Puerto Esperanza (Purús) hasta Iñapari (Tahuamanu), nuevamente alegando la necesidad de la “integración”, cuando es claro que el interés que motiva este proyecto vial es la extracción forestal en esta zona, que además de estar habitada por pueblos en aislamiento, forma parte del Parque Nacional del Purús,
Vemos así que las propuestas del gobierno central, regional y local están orientadas a ampliar el radio de acción del sector extractivista hacia los territorios de los pueblos en aislamiento para explotar los recursos naturales existentes en ellos (madera, gas, petróleo) sin importar los costos sociales que esta desmedida ambición puede conllevar.
En respuesta al atentado que el Estado y el sector extractivo vienen cometiendo contra la integridad física, social y cultural de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, en julio de 2005, FENAMAD presentó una demanda de Medidas Cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obteniendo respuesta de parte de esta institución en mayo de 2007, con la emisión de la Resolución de Medidas Precautelares, recomendando al Estado Peruano la implementación de mecanismos de protección a los pueblos indígenas en aislamiento Voluntario Mashco Piro, Yora y Amahuaca. Han transcurrido más de cinco meses desde entonces y Estado Peruano no ha implementado medidas efectivas de protección de estos pueblos, pese al esfuerzo de la organización en proporcionar información actualizada y bien fundamentada, sobre la problemática, así como propuestas viables de protección. |
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Utilización a indígenas en procesos electorales
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La participación de los pueblos indígenas en los procesos electorales es una demanda reivindicativa de las organizaciones matrices de los pueblos indígenas amazónicos. En el año 2000 gestionamos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, la inclusión de nuestra participación dentro de la estructura del gobierno, en el marco de la concepción que una gestión moderna de un Estado democrático no puede excluir al sector constituido por los pueblos indígenas. El objetivo de esta anhelada inclusión es lograr la participación efectiva de los pueblos indígenas a través de sus representantes para canalizar e impulsar demandas orientadas a solucionar los problemas que los aquejan y mejorar sus condiciones de vida.
Contrariamente a estas aspiraciones en bien de la población, políticos “felipillos” vienen utilizando a indígenas para cumplir con uno de los requisitos de la inscripción de partidos y organizaciones políticas; mientras que sus verdaderos intereses están dirigidos a manejar los fondos públicos con fines personales y no a favor de la población. Por su parte, la ONPE, al no presentar observaciones técnicas frente a este proceder, se convierte en cómplice de las irregularidades que vienen siendo cometidas por estos “políticos” de mala reputación.
Estas actuaciones irresponsables de los partidos y organizaciones políticas se han hecho aún más evidentes durante las últimas elecciones regionales y municipales, en las que los indígenas eran colocados al final de las listas, cuando los políticos saben que a partir del quinto representante, no se considera en éstos derechos de voz y voto. |
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> ACTUALIDAD NACIONAL
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La ley de aguas y la insensatez de privatizar un recurso vital para el país
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El proyecto de “Ley de aguas” Nº 604, presentado ante el Congreso por la célula aprista el 28 de mayo de 2007, ha sido planteado con la finalidad de subastar las aguas a favor de empresas privadas, lo cual constituye una amenaza para los pueblos indígenas. Su aprobación e implementación no solo limitará a la población indígena y a la población en general el abastecimiento de tan importante recurso, sino que, además, generará conflictos por el acceso y uso.
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Persecución y asesinato de dirigentes campesinos, defensores de los derechos humanos frente a la actividad minera
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Dirigentes campesinos y periodistas vienen siendo perseguidos y asesinados por oponerse a la realización de la actividad minera en tierras aprovechadas con fines agrícolas. La minería ha demostrado ser una de las actividades extractivas más destructivas y esta dejando sin espacios de vida, ni fuentes de ingresos económicos a muchas poblaciones con presencia ancestral, como son quienes habitan el Cerro Quillish, en Yanacocha, Cajamarca. Peor aun, los gobiernos otorgan estas concesiones incluso en zonas de alta sensibilidad ecológica, como nacientes de ríos, de las cuales depende el curso de éstos. Las empresas mineras cuentan con el apoyo de mercenarios, autoridades, e incluso la policía nacional, para perseguir a los dirigentes que se atreven a defender los derechos fundamentales de los pueblos afectados por esta actividad. |
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Normas que violan derechos: El reglamento de la ley de pueblos aislados
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El 5 de octubre fue aprobado el Reglamento de la Ley de Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Esta norma tiene un conjunto de vacíos, ambigüedades y contradicciones que conllevan al desconocimiento de los derechos territoriales de estos pueblos, formalizan la superposición de concesiones hidrocarburíferas, fuerzan contactos, alargan irresponsablemente el proceso de reconocimiento y establecimiento de Reservas Territoriales y apuntan a la desaparición de las Reservas Territoriales existentes. El Reglamento se da en un contexto de negación de la existencia de los pueblos en aislamiento de parte de altos funcionarios de gobierno, así como de una intensificación del otorgamiento de contratos de operaciones hidrocarburíferas en la amazonía. |
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Del INDEPA a la Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuanos, del MIMDES
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La desactivación del INDEPA refleja con mucha claridad lo que el gobierno actual piensa respecto a los pueblos indígenas, su situación, demandas y propuestas. Para los pueblos indígenas que desde el año 2001 gestionaron la creación de un organismo público descentralizado que atendiera su problemática, este hecho representa una agresión directa contra sus propuestas. Efectivamente, en julio de 2006, apenas asumido el mando, el nuevo gobierno dispuso la absorción del INDEPA al interior del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, disminuyendo drásticamente el rango y las atribuciones de esta institución, creada por impulso de los pueblos indígenas y sus organizaciones.
Los pueblos indígenas exigen tener un espacio de diálogo y atención de su problemática, al interior del poder ejecutivo, que tenga capacidad de tomar decisiones y presupuesto para resolver los problemas que se presentan con rapidez y eficiencia |
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> ACTUALIDAD INTERNACIONAL
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Nace un Comité Indígena Internacional para velar por los derechos de los pueblos en aislamiento y en contacto inicial
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Los días 11 y 12 de abril del presente año se llevó a cabo la reunión de Constitución del Comité Indígena Internacional para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial de la Amazonía y el Gran Chaco, CIPIACI. El Comité fue creado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en noviembre de 2006, durante el Seminario Regional organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Viceministerio de Tierras de Bolivia, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB, y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA, para abordar la problemática de estos pueblos y plantear propuestas de políticas públicas.
CIPIACI esta integrado por 11 organizaciones indígenas de nivel local, regional y nacional: ONIC (Colombia); NAWE y CONAIE (Ecuador); COIAB (Brasil), CIDOB (Bolivia): UNAP, CAPI, OPIT y ACIDI (Paraguay) y FENAMAD y AIDESEP (Perú).
El comité se levanta bajo el siguiente principio que orienta todas sus actividades en beneficio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial: “Respeto de todos sus derechos fundamentales, en particular, su derecho a la vida y a la libre determinación, entendido este último como el derecho de estos pueblos hermanos a decidir libre y voluntariamente la forma de vida que desea tener y su nivel de interacción con la sociedad envolvente”. Tiene como objetivo general diseñar e implementar una estrategia indígena de protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial de la amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay. El Consejo Directivo de CIPIACI esta integrado por Antonio Iviche, Coordinador General; María Saravia Paredes, Secretaria y Almir Narayamoga, Tesorero
CIPIACI ha sido reconocido en el Informe de la Sexta Sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, como interlocutor para el tratamiento de la problemática y propuestas orientadas a garantizar los derechos de los pueblos en aislamiento y en contacto inicial de la Amazonía y el Chaco.
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Se aprobó la declaración universal de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas
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El 13 de septiembre, tras 20 años de negociaciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Un número de 143 países de los 192 que integran este organismo internacional, dio su voto a favor. La Declaración se convierte así en un instrumento internacional para la defensa de los derechos indígenas. Los avances más importantes de la Declaración están referidos al reconocimiento del estatus de pueblos indígenas, el derecho a la administración, posesión y uso de los recursos naturales, la libre determinación de los pueblos, la autonomía y el autogobierno.
Organizaciones indígenas del mundo han aplaudido esta conquista, aunque opinan también que lo avanzado no debe quedar en el discurso sino que debe ser implementado por los gobiernos. Por nuestra parte, hacemos un llamado a las organizaciones indígenas del mundo para que exijan ante sus Estados el cumplimiento tanto de la Declaración como de las leyes nacionales que los benefician. |
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Se realizó reunión internacional sobre salud y pueblos en aislamiento voluntario y en contacto inicial
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Los días 19 y 20 de octubre se llevó a cabo, en la ciudad de Quito, la Reunión denominada “Hacia el planteamiento de políticas públicas y planes de acción para garantizar el derecho a la salud de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial”. El evento fue co-organizado por el Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay, CIPIACI, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH. Contó con el apoyo técnico de la fundación ecuatoriana Tukuishimi, el auspicio de AECI, a través de IPES y la Fundación Biodiversidad; así como de la cooperación danesa, a través de IWGIA.
La reunión fue inaugurada por la Dra. Caroline Chang, Ministra de Salud; el Dr. Antonio Preciado, Ministro de Cultura; la Dra. Manuela Gallegos, representante de la Secretaria de Movimientos Sociales y Participación Ciudadana; y Efrén Calapucha, dirigente Kichwa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE. En el acto inaugural y durante la reunión estuvieron presentes también, Leti Viteri, representante de la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas y Mónica Chuji, Asambleísta electa.
A lo largo de los dos días que duró el evento, funcionarios del sector salud, líderes indígenas y expertos de los siete países de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay, donde habitan los pueblos en aislamiento voluntario y en contacto inicial, analizaron, discutieron y plantearon propuestas de políticas públicas y planes de acción que conlleven a garantizar la salud de estos pueblos. CIPIACI promoverá prioritariamente la adopción de estas propuestas por cada gobierno, así como por los organismos internacionales de defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. La Organización Panamericana de la Salud, OPS; la Organización Mundial de la Salud, OMS; así como la Comisión Andina de Salud Intercultural también se hicieron presentes y contribuyeron activamente en el planteamiento de las propuestas. Las propuestas respecto al tema de prevención de enfermedades coincidieron en la necesidad de que los territorios y recursos naturales de los pueblos en aislamiento voluntario y en contacto inicial sean garantizados tanto en el aspecto legal como en la práctica. Un segundo punto, en este sentido, fue la necesidad de prohibir la presencia de agentes externos en los territorios de los pueblos mencionados puesto que constituyen el vehiculo a través del cual se transmiten las enfermedades.
Fue unánime la propuesta de que cada Estado debe desarrollar políticas de salud específicas para la atención de los pueblos en contacto inicial y la prevención de contagio de enfermedades que pudieran afectar a los pueblos en aislamiento voluntario. Se plantea esta necesidad ante la extrema vulnerabilidad de estos pueblos a las enfermedades externas y las trágicas consecuencias que históricamente éstas han tenido sobre ellos, afectando gravemente su integridad física y socio cultural.
El principio fundamental que orientó la formulación de las propuestas fue el respeto del derecho a la autodeterminación de estos pueblos, entendido como su derecho a decidir libre y voluntariamente la forma de vida que desean tener y el nivel de interrelación que establecen con quienes los rodean. Esto descarta contundentemente los contactos forzados que vienen siendo promovidos por ciertos sectores de la sociedad, movidos por intereses particulares, que atentan contra los derechos fundamentales de estos pueblos. |
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